Dos años después de una concepción que se pretendía de urgencia, la ley Sinde vio ayer por fin la luz al final de un túnel de patinazos parlamentarios, pactos in extremis, rebeldía internauta y renuncia del anterior Gobierno a desarrollar una normativa antidescargas que busca el cierre de páginas web que sirvan o enlacen sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor. La ley la había sacado adelante el PSOE en el Parlamento con los votos de PP y CiU. Pero hubo que esperar al segundo Consejo de Ministros del PP para que se aprobase el reglamento que dé desarrollo tal y como lo dejó el anterior Ejecutivo. No incluye más cambios que el nombre de los ministerios que aportan funcionarios a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la encargada de ordenar la clausura de las webs.

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